los dudosos permisos penitenciarios a los violadores
por juan luis galiacho
la detención el pasado 8 de octubre como presunto autor de la muerte de dos policías en prácticas en hospitalet de llobregat (barcelona) de
pedro jiménez garcía, un violador de 35 años, con antecedentes por reincidir durante los permisos carcelarios, ha reabierto la polémica sobre los permisos penitenciarios concedidos a los agresores sexuales. Jiménez lleva desde los 17 años en prisión por agresiones sexuales y en abril de 1992, durante una salida de seis días, violó a otra mujer en el prat de llobregat, de donde es natural. Se da la circunstancia que el asesinato y la violación son los principales delitos que cometen los presos con permisos penitenciarios.
Así, además del de pedro jiménez, hay otros casos muy significativos de violadores que han reincidido durante sus permisos penitenciarios. El 25 de junio de 1992, olga sangrador, una niña de nueve años, fue violada y asesinada en villalón de campos (valladolid) por
valentín tejero, un delincuente que en ese momento disfrutaba de un permiso penitenciario. El 12 de noviembre de 1992, las tres niñas de alcácer (miriam, desirée y antonia) desaparecen cuando iban una discoteca y 75 días más tarde son descubiertas violadas y asesinadas presuntamente por
antonio anglés, un preso que disfrutaba de un permiso carcelario por delito de agresión sexual. El 29 de diciembre de 1993 fue condenado
ángel francisco gonzález castanedo, el violador de valdenoja, a más de 62 años por violaciones que cometía durante permisos carcelarios. El 21 de mayo de 1994,
josé morán rodríguez, un hombre que cumplía una condena de 43 años por robo y violación fue condenado de nuevo por agredir sexualmente a dos chicas durante sendos permisos penitenciarios. Y, por último, el 22 de julio de 2003, la audiencia de granada condenaba a 101 años al
violador múltiple de granada por 16 agresiones sexuales y quince robos a mujeres, a las que atacaba en los permisos penitenciarios que disfrutaba.
Según los últimos datos oficiales del ministerio del interior de 2003, en españa se cometieron
7.423 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 7.275 se consumaron y en un 73,82% fueron esclarecidos por la policía. De estos, 3.981 fueron cometidos por hombres y 296 por mujeres.
Sin embargo, en los juzgados españoles sólo se instruyeron el pasado año 313 diligencias previas por violación, según la memoria de la fiscalía general del estado. Por ubicación, las grandes capitales y las zonas obreras son las más proclives a las denuncias de este tipo. Por ejemplo, en la cuenca minera del nalón, en asturias, los delitos por agresiones sexuales crecieron un 220% en el año 2003. En andalucía, el lugar donde se cometen más violaciones es almería, la provincia donde se han cometido más agresiones sexuales por cada 1.000 habitantes durante el pasado año. Los últimos datos oficiales facilitados por el ministerio del interior alertan de que en el primer semestre del 2004 se ha registrado un incremento del 7,76% en los delitos cometidos contra la libertad sexual.
Lamentablemente son múltiples las noticias que dan a conocer supuestas agresiones sexuales, que puede manifestarse en sus múltiples formas de violación vaginal, anal, bucal, abuso sexual con engaño, abuso con acceso carnal y acoso sexual. La pena para las violadores está tipificada en el nuevo código penal español (art. 179 y 180) con prisión de entre 6 y 12 años. Pero además la pena se puede agravar hasta 15 años si se cumple una de las siguientes cinco circunstancias: Que al agredido sea menor de 13 años, que tenga una deficiencia física o psíquica, que haya una relación de parentesco, que hayan intervenido dos o más personas y si hubiera intimidación o violencia en la vejación. Finalmente, será la sentencia judicial la que determine la pena aplicable en función del delito cometido, y si ésta debe imponerse en su mitad inferior, o en su mitad superior, y si cabe incrementarla en un grado o, por el contrario, reducirla en uno o dos grados.
Aquí, es donde aparecen las circunstancias atenuantes o la eximente incompleta que rebajan las penas a cumplir par estos agresores. Por ejemplo, en sus recursos los abogados utilizan para modificar la imputabilidad de su defendido el atenuante de la psicosis, demencia, retraso mental o cualquier enfermedad. Este cumplimiento parcial de las penas por los violadores lleva el desasosiego a las familias de las víctimas. Por ejemplo, está el caso del citado valentín tejero, el violador reincidente que mató y abuso de la niña vallisoletana olga sangrador. El autor fue juzgado por la audiencia de valladolid y condenado en septiembre de 1993 a 20 años de cárcel por el rapto y violación de la pequeña y a otros 30 años por el asesinato. Sin embargo, valentín tejero,
quien por motivos de seguridad figura en la prisión de herrera de la mancha bajo el nombre de benedicto rila torres, cumplirá únicamente 20 de los 50 años impuestos, ya que se benefició de la reforma del antiguo código penal, por lo que abandonará definitivamente la cárcel en 2013, con 51 años de edad.
El caso de pedro jiménez es muy parecido. Desde la primera condena por una agresión sexual, en 1986, ya había sido detenido en tres ocasiones por robos, agresiones y violaciones cometidos durante permisos. La última vez fue hace sólo un año, aunque la causa quedó archivada. Tenía una condena por dos violaciones, una de ellas en grado de tentativa, a la que se le sumó una tercera, por lo que acumuló 30 años de prisión, según el antiguo código penal, que tras la refundición de delitos y reducciones de condena sumaba en la actualidad un máximo de 20. Jiménez garcía, condenado por primera vez cuando tenía 17, llevaba cumplidas en la actualidad más de tres cuartas partes de su condena y hubiese obtenido la libertad definitiva el próximo año.
Pero la buena conducta entre rejas se consideró suficiente para concederle una nueva salida de la cárcel, durante la cual se cometió el crimen de l'hospitalet.
En las prisiones españolas a los internos condenados por atentar contra la libertad sexual se les invita a realizar programas específicos de tratamiento (art.116.4 del reglamento) ideados por la administración penitenciaria a tenor del diagnóstico previo.
Ello no es obligatorio, pero si favorece la consecución de la clasificación penitenciaria superior ¿qué quiere decir ello?... Que la mayoría lo realizan, porqué saben que si se someten a dichos programas les será más fácil conseguir el grado y, consiguientemente, el permiso de salida. Para el profesor y abogado penalista jordi claret, responsable de la asociación pro derechos humanos en cataluña, “es muy frecuente ver reincidentes en los delitos de tipo sexual, lo que quiere decir que los tratamientos a que se les somete en las prisiones no surten efecto alguno. Se dice que los presos entran por una puerta y salen por otra. Yo le digo que entran por la misma puerta que salen, pero unos no vuelven a entrar y otros continuarán entrando toda la vida”. Para el penalista claret, “hoy en día, una gran mayoría de presos está buscando al precio que sea su vinculación penitenciaria con cataluña para solicitar que lo trasladen allí dada la flexibilidad y los abundantes beneficios penitenciarios que otorga la generalitat”. Esta vinculación se logra por motivos familiares, residencia o permisos de trabajo. Hay que significar que cataluña goza de un régimen independiente en materia penitenciaria diferente al del resto del estado español.
Pero en todas las prisiones, los violadores suele estar muy vigilados dentro de ellas
para evitar que sobre ellos recaiga la llamada “ley de cárcel”(es decir, el violador es un deshecho humano y hay que ir a por él). Por eso se les suele ubicar en el módulo de ingresos, en la enfermería o en los módulos más light, donde hay delincuentes primerizos o de cuello blanco. Suelen estar siempre acompañados en las celdas por presos de confianza y si el violador, ante el temor de que peligre su integridad física, lo solicita puede ser recluido en un módulo de aislamiento, donde duerme en solitario y chapado la mayoría del día y sólo sale al patio cuando no hay nadie.
La asociación clara campoamor ya se ha reunido varias veces con el presidente del consejo general del poder judicial, francisco hernando, para solicitar que los violadores no pasen del primer al segundo grado penitenciario con tanta facilidad, lo que les da derecho -no de forma automática- a disfrutar de 36 días de permiso al año esta asociación considera que en los juzgados de vigilancia penitenciaria se toman decisiones que son "muy cuestionables e hirientes" para las víctimas. Como también en
los permisos que otorgan las juntas de tratamiento de las prisiones, quienes deben ponderar la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas a que fue condenado, el medio social al que retorne (tanto en el permiso de salida como en el régimen de semilibertad) y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Según el penalista jordi claret, “para proponer a un violador en segundo grado hay que sospesar si le espera fuera una familia, la influencia que ejercerá ésta sobre el mismo y, sobretodo el pronóstico psiquiátrico, ya que cualquier mujer que vea puede constituir un peligro potencial para que vuelva a desarrollar sus particulares conductas. Algo debemos de inventar, pero debe existir algún tipo de control o terapia sobre los criminales que no pueden sujetar su ansia de violar o de matar”.
Los psicólogos consultados se muestran muy pesimistas sobre las medidas de reinserción de los violadores en españa, ya que estiman que el problema no se aborda desde la raíz, “no se diseñan medidas educativas ni se ataja el problema desde la familia, y los afectados corren el riesgo de repetir sus hechos delictivos”. Para ellos, el problema arranca desde muy jóvenes ya que muchos padres minimizan los abusos que cometen sus hijos con chicas de su edad. Un estudio elaborado por la universidad de comillas titulado "situación social de la infancia en españa" señala que el 39% de los delitos contra la libertad sexual tiene como víctima a un menor de 16 años. En el estudio se señala que actualmente 1.178.702 menores de 14 años sufren abusos sexuales.
Distintas asociaciones ya han solicitado una entrevista urgente con josé luis rodríguez zapatero con el objetivo de "pedir al presidente del gobierno que los asesinos y violadores cumplan las penas íntegramente".
El ministro de justicia, juan fernando lópez aguilar, ha admitido que debe iniciarse un debate para estudiar cómo lograr que el tratamiento y el diagnóstico de la peligrosidad de los presos sea más eficaz. Y, a su vez, replantear los permisos a los condenados por violencia sexual, ya que hay un altísimo porcentaje de reincidencia. Algunos sectores extremistas ya han lanzado sus voces sobre la castración por métodos químicos, más o menos permanentes, que ya se aplican en otros países, concretamente en alemania.