El ministro de Justicia ha anunciado que si el Partido Socialista gana las elecciones reformará el sistema de acceso a la judicatura para permitir que los licenciados en Derecho con los mejores expedientes académicos puedan entrar en la carrera judicial sin opositar, porque ya han acreditado “conocimientos jurídicos por encima de lo normal” y lo que hay que hacer es “formarles en valores”.
Bermejo justifica este rupturista planteamiento en la necesidad de paliar el “alarmante” descenso del número de personas que opositan para ser jueces o fiscales, que han pasado de 6.000 en el año 2000 a 4.000 en las últimas pruebas. Bermejo también argumenta que el tiempo medio de preparación de los nuevos jueces es superior a cinco años, en los que la mayoría de los opositores están “aislados” y “alejados de la realidad”. Para el ministro, “el modelo de juez del siglo XXI” pasa “no sólo por un buen técnico en Derecho, sino además formado en valores constitucionales”.
Como cabía esperar, este planteamiento cosechó ayer un sonoro rechazo entre los magistrados, con excepción de la minoritaria asociación Jueces para la Democracia. El pretexto de la caída del número de opositores a 4.000 no se sostiene, si se considera que las plazas ofertadas apenas superan las 140. El problema no es de falta de opositores, pues, como se ve, la ratio está aún muy desequilibrada en favor de la demanda.
¿Por qué se quiere entones cambiar un modelo que se ha demostrado exitoso, reconocido y emulado en todo el mundo? Existe la sospecha generalizada de que esta reforma oculte una maniobra para reclutar jueces con un determinado perfil político, que puedan ser dúctiles a los intereses gubernamentales.
Se trata, de hecho, de una vieja aspiración socialista, que ya inspiró en 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya característica más conocida fue la politización de la justicia, al suprimir la elección por parte de los propios jueces de 12 de los 20 vocales de su Consejo General, y la polémica creación del denominado tercer turno, que permitió a los abogados convertirse en jueces sin necesidad de oposiciones, y que dio acceso a la judicatura a numerosos abogados próximos al PSOE.
Se prendió así una peligrosa mecha que ha dado lugar en la actualidad a la bochornosa manipulación que los políticos están haciendo del Poder Judicial y del Constitucional. El sistema de oposiciones fue una conquista de las clases populares frente a atávicos privilegios y arbitrariedades, y aunque susceptible de limar imperfecciones, es el que mejor garantiza la igualdad de trato, la transparencia, la independencia y la verificación objetiva de la valía y de los conocimientos de los candidatos a jueces.
Es ésta, además, la mejor manera de garantizar el principio constitucional de mérito, capacidad e independencia exigible a los jueces, por encima de maniobras que pretenden abrir la puerta a un modelo de selección vulnerable a interpretaciones subjetivas contaminadas por intereses partidistas.