Es anormal e impresentable que productos indiscutiblemente defectuosos, con indicaciones expresas que no son ciertas, no hayan sido retirados inmediatamente de todos los comercios.
Una empresa puede "pensarse" qué solución le va a dar a la incidencia que supone el haber vendido inadvertidamente unidades erróneas (reedición, sustitución, etc), pero no puede empeorar la situación no emitiendo un comunicado que advierta de la situación y persistiendo en la venta de más producto equivocado a sabiendas de que lo es.
Lo que en un principio puede considerarse un error por negligencia, se convierte en una actividad fraudulenta: la empresa es consciente de que lo que está vendiendo no responde a las características anunciadas ni a las prestaciones que figuran en el etiquetado y, aún así, sigue comercializándolo sin advertencia ni solución.