Probablemente a que en pocos países es tan fácil conseguir dar la apariencia de legalidad (la calificación del Ministerio) como poseedor de derechos como en España: con una declaración jurada.
Cualquier país que tenga ya esa limitación y que haya que demostrar sin género de duda que se tienen los derechos estará por delante de España. El problema ya es de base, con una declaración jurada y si nadie se queja, si nadie quiere meterse en líos judiciales costosos e insuficientemente recompensados y consecuencias menores para el que comete la infracción, vía libre.