Re: Lanzamientos de RESEN
una declaración jurada solamente hace responsable al que jura y no al notario por lo tanto tu puedes ir a un notario a hacer una declaración jurada, ser todo mentira, el notario queda exento de responsabilidad y sololamente eres tu el responsable de lo que dices. Y ya sabemos que a estas compañias les da igual.
Efectivamente, una declaración jurada sólo responsabiliza al declarante, y el notario simplemente actúa como testigo y levanta acta de la afirmación que hace el solicitante. Lo que ocurre es que una declaración jurada se estima sólo como un modo de agilizar trámites mercantiles, no como una prueba de nada, como es lógico. Es decir, lo que hace es sustituir
transitoriamente la presentación de
documentos escritos o testimonios de terceros:
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_jurada
Por tanto, si realmente estamos hablando de simples declaraciones juradas como único justificante ante la Administración, habremos de calificar a esta de negligente (como poco), responsable de haber establecido un auténtico coladero: cualquiera puede declararse poseedor de derechos de catálogos completos de productoras y, sin más acreditación, proceder a comercializarlas masivamente con la bendición y amparo de nuestra Administración Pública (esa que incluye advertencias y amenazas en los dvds y BDs afirmando enfáticamente que
"la ley actúa", cuando es ella misma la que facilita el fraude al por mayor y con etiqueta de legalidad).
Y me da que el problema legal no es que las majors no puedan demostrar que son los titulares de algo, es que lo que tienen que demostrar es que los otros no son los titulares de algo (parece lo mismo pero no lo es), y eso como lo demuestras?
No creo que sea difícil demostrar quién es el titular de los derechos de una película. Y en cuanto a demostrar quién no lo es, parece lógico que un juzgado pueda evaluar quién puede presentar derechos de propiedad, contratos, facturas, etc, y quién no.
Si fuese tan imposible determinar quién es el legítimo dueño de algo, el robo siempre quedaría impune y nadie recuperaría jamás nada que le hubieran hurtado. Al ladrón le bastaría con hacer una declaración jurada ante notario manifestando que determinado objeto es suyo porque lo compró o se lo obsequiaron, y ahí acabaría el caso. Por tanto, nadie denunciaría un desvalijamiento de domicilio, el robo de un coche, etc, porque el ladrón estaría blindado de antemano, por mucho que el perjudicado pudiera presentar documentación probatoria y el delincuente no.
Además en este país muchas de esas películas que están lanzando estuvieron distribuídas por empresas desaparecidas ya que las majors no tenian distribuidores aqui y se hacian mediante acuerdos y posiblemente fueran contratos donde no se especificaba entonces la duración de los mismos, asi que una película del 50 por ejemplo ahora sería un jaleo encontrar si tiene titular o no en España, quien es, si eso se ha heredado o no, y la madre que los parió a todos.
Creo que las licencias de distribución de películas han funcionado prácticamente igual en todos los países. Las majors ceden la distribución en un territorio concreto y por un tiempo determinado, con fecha de caducidad de derechos, no para siempre jamás. Por tanto, es muy dudoso que la licencia de una película distribuída legalmente para su exhibición en los años 50 continúe vigente y sea dificílisimo establecer quién es el titular que conserva los derechos intactos desde hace más de medio siglo. Dudo mucho que esto sea así, que las productoras hayan firmado contratos de exhibición, explotación y venta en cualquier formato (existente y futuro) a perpetuidad.
Y eso sin contar que el gasto legal que puede suponer a una major igual no es compensable con las posibles ventas que se obtengan al lanzar el titulo.
No tengo idea de cuál es el gasto que puede generar una denuncia de este tipo, pero dudo que sea estratosférico, y estamos hablando de empresas multinacionales con un potencial económico y unos gabinetes jurídicos muy considerables. Y tampoco estamos hablando de una película suelta sino del saqueo sistemático de catálogos enteros, en venta libre, con apariencia de legalidad y sin consecuencia alguna (salvo el enriquecimiento ilícito de algunos).
No sólo es contradictorio con la aparente
lucha contra la piratería, sino que establece un peligroso precedente de impunidad, colisiona directamente con sus propias ediciones legales (véanse casos recientes como "Mayor Dundee", "Un puente lejano" o "Las águilas azules") y constituye una enorme competencia desleal contra todas las editoras que se mantienen dentro de la legalidad y pagan licencias y masters para comercializar sus productos. Es como si desde el Ministerio se estuviese diciendo:
¡Anímense delincuentes, aprópiense de lo que quieran sin consecuencia alguna, nosotros les avalaremos, los blindaremos ante los verdaderos propietarios y aparentaremos que su actividad es tan legal como la de los pardillos que editan pagando derechos y material!.
