Los presos extranjeros en las cárceles españolas llegan ya al 30%
SEVILLA.-
De cada cien reclusos que han pasado en los últimos cuatro años por las cárceles españolas, 56 son extranjeros. Es uno de los datos incluidos en un informe sobre el sistema penitenciario español que ha elaborado el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla y que advierte, entre otras cosas, del espectacular aumento de la población reclusa inmigrante en el país, hasta el punto de que, dice el autor del estudio, supone una «distorsión» en sus presupuestos.
El informe, publicado en Actualidad Jurídica de Aranzadi y al que ha tenido acceso EL MUNDO, pone de manifiesto cómo los extranjeros representaban, en diciembre de 2005, más del 30% del total de internos que albergan las cárceles españolas.
De los 61.054 presos que colapsaban el sistema penitenciario el año pasado, 18.566 eran originarios de otros países, una cifra que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Sólo desde el año 2000, el número de presos extranjeros se ha duplicado, pasando de 8.990 a los 18.566 de 2005.
En general, como destaca el informe, la población reclusa en España sigue una tendencia al alza que parece no tener fin. Pero si el ritmo de crecimiento de los presos en general es importante, lo es más el de los internos no nacionales. Traducido esto a datos, supone que mientras la cifra de presos se incrementó en el último cuatrienio en 13.483 reclusos, la de los extranjeros lo hizo en 7.471.
La rápida progresión es más que evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que en 1966 -el año al que remonta el fiscal su análisis- sólo estaban recluidos en los penales españoles 365 inmigrantes, el 3,4% del total. En 1978, el año en el que celebraron las primeras elecciones de la democracia, el porcentaje de extranjeros en las cárceles superó el 13% y desde 1990, cuando se situó en el 16,71%, no ha dejado de subir hasta alcanzar el 30% actual.
¿Qué consecuencias tiene este fenómeno? A este pregunta responde el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla alertando de las distorsiones que esta circunstancia está suponiendo para el sistema penitenciario español. En concreto, advierte de que algunos de los instrumentos establecidos para la reinserción, como el tercer grado, están perdiendo su función inicial y su objetivo.