El Gobierno de España continúa sin cumplir sus compromisos de alto el fuego.
ETA durante este último año, ha dado pasos firmes para que el proceso avance. A comienzos de 2006 vimos morir a los militantes Roberto e Igor en las cárceles de exterminio de España; ETA, sin embargo, en la consideración de que se daban condiciones políticas suficientes en Euskal Herria, generó un terremoto político al poner en marcha el alto el fuego de sus acciones. A cambio, sin embargo, el Gobierno de España se puso a la verificación del cese de las acciones. Se limita a publicar filtraciones sobre el proceso y las conversaciones. La presencia y la presión policial se extienden. Sigue vigente la Ley de Partidos, en contra de los principios jurídicos. Continúan siendo permanentes los ataques contra la actividad de la izquierda abertzale. La actividad política, la actividad de los agentes populares es imposible en Euskal herria. Han sido prohibidas más de cien actos, acompañados de multas, detenciones y palizas. La tortura, más de cien detenciones de manos de distintas fuerzas policiales, desde que ETA comunicó la detención de sus acciones. El mantenimiento de las medidas de excepción contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos, la creación de la doctrina Parot, el secuestro de 185 presos políticos vascos y los que son recondenados para toda la vida.
O la crueldad sin límites mostrada por el fiscal en el juicio contra Iñaki de Juana, al que han condenado a morir con la intención de utilizarlo como moneda de cambio. Esta es la crónica cruel de una estrategia de represión que no ha parado en ningún momento a lo largo de estos nueve meses. Por si fuera poco, el Gobierno español, encabezado por el ministro del Interior y el Fiscal Jefe, se muestra arrogante al contar estos sucesos.