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Injurias y libertad de expresión
EL ordenamiento jurídico español garantiza la libertad de expresión al mismo nivel que los sistemas democráticos más avanzados y que los convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Sin embargo, ningún derecho es ilimitado, sino que está basado en el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Desde este punto de vista, es plenamente ajustada a Derecho la decisión del juez Juan del Olmo de ordenar el secuestro del último número de la revista «El Jueves», que incluye en su portada caricaturas y comentarios denigrantes hacia los Príncipes de Asturias. Se trata de una medida que nuestro derecho admite con normalidad en este tipo de situaciones, de modo que no entraña privilegio alguno para la Corona, sino que se ha utilizado reiteradamente y en fechas recientes en defensa del honor de determinados personajes públicos. Según el auto judicial, dictado a instancias del Ministerio Fiscal, estos hechos pueden ser constitutivos de los delito de injurias al sucesor de la Corona y de menoscabo del prestigio de ésta, tipificados por el Código Penal. En todo caso, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen es un derecho fundamental del más alto rango constitucional, que resulta manifiestamente vulnerado en este caso. Este tipo de expresiones, además de reflejar la falta de talento de su autor, cuya identificación exige la resolución del juez, son resultado de un clima de relajación y de relativización de valores, cívicos y morales, necesarios para la convivencia. Más allá del oportunismo y de la pésima calidad del producto, el contenido de la citada portada supone una presunta infracción penal que, en su caso, habrá de ser castigada con arreglo a la ley, aunque hubiera sido deseable que la misma diligencia mostrada por el Ministerio Fiscal en este caso se hubiera empleado en otros episodios, en los que también resultó calumniada e injuriada la institución monárquica.
Por el momento, la decisión del juez consigue evitar las consecuencias más evidentes del delito mediante una orden de secuestro que constituye una medida plenamente acorde con el ordenamiento. La sociedad española valora muy positivamente a la Corona, que ocupa puestos de privilegio en todas las encuestas de opinión. Como el resto de los miembros de la Familia Real, los Príncipes de Asturias cumplen de forma irreprochable con sus obligaciones al servicio de España y del Estado social y democrático de Derecho. Es lógico, por tanto, que las leyes de este mismo Estado les protejan frente a este tipo de agresiones, que afectan también al conjunto de los ciudadanos, agraviados así mismo por una ofensa que no puede ampararse en la libertad de expresión. Don Felipe y Doña Letizia gozan del reconocimiento general, de modo que se equivocan por completo quienes pretenden romper la relación de respeto y afecto entre la Corona y los ciudadanos a través de expresiones que sólo demuestran el ínfimo nivel cultural y educativo de sus autores.